El desarrollo de un proceso de evaluación del desempeño no es ajeno a las limitaciones que le impone la regulación normativa en términos de garantía de derechos fundamentales, consagrados tanto en nuestra Constitución Española como el RGPD y la jurisprudencia relacionada, como son el de la igualdad y de la protección de datos personales. El acceso de una empresa matriz a los datos personales de una filial y la posibilidad de que un trabajador pueda conocer las valoraciones individuales de sus compañeros sin causa justificada son algunas de las cuestiones que se prohíben expresamente.