La aprobación y entrada en vigor de la Ley 2/2023, de protección de personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, incorpora novedades que sin ser de carácter laboral tienen una notable incidencia en las relaciones entre las empresas y los empleados. La nueva norma, que transpone al ordenamiento español la conocida como “Directiva Whistleblowing” de la Unión Europea, obliga a partir de ahora a las empresas de cincuenta o más trabajadores a implantar “canales internos” de denuncia de irregularidades normativas y a establecer medidas de protección para quienes utilicen dichos canales.